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Venezuela: Desarmar el discurso, desarmar al Estado

Venezuela: Desarmar el discurso, desarmar al Estado

Rafael Uzcátegui (* @fanzinero )

 

"En un barrio de Caracas, -organizamos- un ejercicio de defensa, donde participe el pueblo organizado, algunos con uniforme, otros sin uniforme, los hombres de inteligencia, las mujeres cocinando. Es el pueblo en armas, la guerra de todo el pueblo. ¡Que nadie se venga a meter con nosotros!”  Hugo Rafael Chávez Frías, octubre 2009

“El gran acontecimiento del siglo XX ha sido el abandono, por el movimiento revolucionario, de los valores de libertad; la progresiva regresión del socialismo de libertad ante el socialismo cesáreo y militar. Desde ese instante, una esperanza se ha ido del mundo, una soledad ha comenzado para cada hombre libre”. Albert Camus

El pasado 13 de mayo fue creada la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme con el fin de fomentar el diseño, construcción e implementación de una política pública integral sobre el control de armas y municiones. El objetivo de la Comisión es tan loable como impostergable, en un país que, según cifras de Amnistía Internacional, tiene 12 millones de armas ilegales circulando por sus calles, una de las dimensiones de la grave situación de inseguridad ciudadana sufrida por venezolanos y venezolanas. El 29 de julio la Comisión difundió en un comunicado sus principios, entre los que se cuentan “cimentar una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos” así como construir “alternativas a la violencia”.

Es curioso, por decir lo menos, que el trabajo de la Comisión se enfoque exclusivamente en el desarme de la ciudadanía, lo cual sin duda es uno de los factores de la violencia, pero de lejos el único. Venezuela no es el primer país en donde promueven iniciativas para el desarme, sin embargo nuestra “originalidad”, a diferencia del resto de los países, radica en que no se ha puesto en discusión ni la carrera armamentista del Estado venezolano ni el lugar que ocupan las Fuerzas Armadas en la sociedad. ¿Es posible promover cultura de paz y políticas integrales de desarme en un país que ha experimentado una progresiva militarización de su sociedad y cuyo presidente le ha declarado la guerra simbólica y discursiva a casi la mitad de su población?

Si atendemos a la literatura especializada el trabajo de la Comisión está enfocado más a la limitación de armamentos que al desarme propiamente dicho. De acuerdo con las ideas esbozadas por Marck Thee desarme se define como todo proceso de reducción, supresión o renuncia a la producción de armamentos y/o fuerzas militares realizado, generalmente, de conformidad con lo dispuesto en tratados internacionales y con la finalidad de fortalecer la seguridad y la paz. En cambio el control de armamentos lo constituye cualquier forma de restricción de armamentos referida a su cantidad, clase, emplazamiento y utilización.

La paz del Ak-47
Lo primero que hay que aclarar es que el oneroso gasto del Estado venezolano en armamentos no es un fenómeno nuevo. Según el análisis de las cifras del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), acerca de la transferencia de armas a América latina en los últimos 30 años, período 1980-2010, tenemos que nuestro país fue el segundo mayor comprador de armas de la región, por un monto de 6.934 millones de dólares, sólo superado por Chile, con 7.683 millones de dólares. Si el corte lo hacemos para la última década, es decir, entre los años 2000 y 2009, los resultados son similares: Chile mantiene el primer lugar con 3748 millones de dólares mientras Venezuela conserva el segundo puesto, con 2570 millones de dólares. Un segundo descubrimiento de estos datos es que en ambos períodos no fue Estados Unidos el principal vendedor de armas a la región sino Rusia. Para los 30 años la dupla URSS-Rusia vendió armas a Latinoamérica por un total de 9.272 millones de dólares, mientras que los Estados Unidos lo secunda con un monto estimado en 8.891 millones de dólares. La tendencia se mantiene para la última década. Rusia vendió armas a la región por 2.308 millones de dólares, mientras los EEUU lo hizo por 2.177 millones de dólares. La primacía rusa ha sido posible gracias al aporte del gobierno venezolano, quien ha negociado el 89,6% del monto total, es decir, 2.068 millones de dólares. A nadie le gustan las pretensiones de los EEUU, pero ¿porqué nadie habla del imperialismo ruso?

Todas las campañas de desarme realizadas en el mundo comparan los gastos militares de su gobierno con los montos destinados a programas sociales. En nuestro caso el análisis de la Ley de Presupuesto 2011 nos ilumina acerca de los énfasis en las políticas aplicadas por el Ejecutivo nacional y su jerarquización entre ellas. De un total de 204.208 millones de bolívares el organismo que más recibe es el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, con un total de 37.191 millones de bolívares. De esta cifra el 4.6%, es decir, 1.737 millones de bolívares se destinaron a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Sin desmeritar la necesaria depuración policial llama la atención el desbalance con otras instituciones que también deberían ser pilares para un combate a la violencia desde una perspectiva integral. La PNB recibió en el 2011 año 15.3 veces más presupuesto que toda la Defensoría del Pueblo y un presupuesto holgadamente superior que el propio Ministerio Público. Por su parte el Ministerio de la Defensa se ubicó en el octavo puesto de los organismos con mayor erogación presupuestaria en el año. Solamente cuatro ministerios responsables de políticas sociales recibieron más dinero que los militares: Educación, Salud, Seguridad Social y Educación Superior. Los restantes muy por detrás: El Ministerio de la Defensa recibió 3.2 veces más dinero que el Ministerio de Alimentación; 4 veces más que el Ministerio de Tierras; 4.9 veces más que Vivienda y 5.4 veces más que el Ministerio del Ambiente. Ahora es que vienen los abismos: Los militares venezolanos recibieron 10.7 veces más presupuesto que el Ministerio de Cultura; 33.2 veces más que el Ministerio de la Mujer y 70 veces más que el Ministerio de Pueblos Indígenas.

En junio del 2005 Venezuela compró 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov AK-103 –una variante del clásico AK-47- a la Federación Rusa en una transacción por valor de 54 millones de dólares. Según las notas de prensa el objetivo era introducir dicho fusil de asalto como arma de uso común en la Fuerza Armada Nacional. La orden de compra comprendió, además de los accesorios (cargadores, bayonetas) 74 millones de cartuchos calibre 7,62x39 mm, 2 mil juegos de repuestos, 50 juegos de calibradores, 2 mil manuales de empleo y 5 simuladores unificados para entrenamiento de tiro con el fusil. El negocio, además, incluía la transferencia de tecnología con lo que Venezuela se convertirá en el único país fabricante de AK-47 y sus variantes en la región. El seguimiento del convenio ha sido difícil por la opacidad de las informaciones provenientes de la Fuerza Armada Nacional. Ha sido el embajador de la Federación Rusa en Caracas, Vladimir Zaemskiy, quien recientemente anunció que la fábrica criolla de AK-47 comenzaría a operar en el 2012: "Siendo optimistas", declaró el diplomático, "esperamos que la obra esté culminada a finales de este año o principios del año entrante para arrancar con la instalación de los equipos tecnológicos y empezar con la producción de fusiles en 2012”. Mientras la Comisión Presidencial habla de promoción de la cultura de paz, el Ejecutivo Nacional tiene en mente inaugurar en Maracay la fábrica de fusiles de guerra que, en palabras de Amnistía Internacional, es “la máquina de matar preferida en el mundo”.

Un país, un cuartel

Una política integral de desarme debe promover un debate sobre la necesaria desmilitarización de la sociedad venezolana. Desde el año 1999 se ha revigorizado la tradición militarista presente en la matriz sociopolítica del país. Si en el fondo de cualquier iniciativa de desarme se encuentra la extensión de una cultura de resolución noviolenta, pacífica y democrática de los conflictos y diferencias, esta jamás será posible si el discurso gubernamental antagoniza a los actores en bandos amigos y enemigos, racionaliza la política mediante la estrategia castrense del “enemigo exterior”, -representado por el presidente de los Estados Unidos-, cuyo ejército de ocupación es conformado por quienes disienten de la política oficial, “el enemigo interior” , cómplice del imperialismo y en permanente estado de conspiración. La cultura de paz no germinará si se continúa pensando la organización comunitaria y la participación ciudadana simulando estructuras militares: Unidades de Batalla Electoral, batallones, frentes, reservas cívico militares, etc, bajo las consignas “rodilla en tierra”, “patria socialismo y muerte” o “Comandante Chávez ordene sobre este frente”. Las alternativas a la violencia tampoco son compatibles con la promoción de las milicias civiles como quinto componente del Ejército, ni tampoco con los Cuerpos de Combatientes, que según la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben organizarse en las empresas del sector público y privado para “asegurar la integridad y operatividad de las instituciones a las que pertenecen”. El ejercicio de la tolerancia tampoco vendrá si oficialmente, celebrando cada 4 de febrero como “día de la dignidad”, se legitiman los hechos de fuerza como mecanismos de resolución de antagonismos. 

Desarme sí, pero de todos y todas

Además de las observaciones al tamaño y equipamiento de la Fuerza Armada Nacional y la militarización de la sociedad, cualquier política integral de desarme en el país debe afrontar el tema de los grupos irregulares y fuerzas paramilitares con actuación en el territorio nacional. Empezando con los grupos armados urbanos, financiados indirectamente y tolerados por el Ejecutivo Nacional. Seguidamente con las organizaciones armadas que hacen vida en la frontera venezolana: Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las cuales han expresado su apoyo al proyecto bolivariano y controlan porciones del territorio. Para el caso de las organizaciones venezolanas, abrir los canales para su participación política y democrática, previa entrega de sus fusiles. También se debe poner sobre la mesa la presencia y actuación de sectores de las organizaciones paramilitares colombianas en el país. La promoción de la cultura de paz necesita mas que el trabajo de una Comisión, y puede ser un proyecto de país que nos incluya –y nos desmilitarice- a todos y todas. Sólo falta la verdadera voluntad política, y honestidad, para llevarla a cabo.

(*) Sociólogo y miembro de la Internacional de Resistentes a la Guerra

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